ANÁLISIS / El nuevo plan incluye incentivos al alquiler asequible, castigos fiscales a los pisos turísticos, los
extranjeros y las Socimis. Sin embargo, algunas de estas propuestas pueden quedar paralizadas o apenas
tener impacto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó una batería de medidas con tres objetivos claros: ‘Más
vivienda, mejor regulación y mayores ayudas’. De esta forma, el Ejecutivo continuaba su estrategia de
intervención en el sector inmobiliario español y daba un paso más tras el limitado efecto que ha tenido la Ley
de Vivienda.
La realidad es que el acceso al mercado, tanto de compra como de alquiler, sigue siendo muy complicado
para muchos ciudadanos, sobre todo, jóvenes y en las grandes ciudades. En el tercer trimestre de 2024, el
precio de la vivienda aumentó un 8,3%, la mayor subida desde el primer trimestre de 2022 y muy por encima
de los promedios para la UE (3,8%) y la eurozona (2,6%), según Eurostat. El alquiler también está disparado.
En 2024, las rentas subieron un 11,5% interanual hasta marcar un nuevo máximo histórico en los 13,5
euros/metro cuadrado al mes, de acuerdo al último informe de Idealista. Detrás de esta espiral, hay una fuerte
demanda y una oferta muy escasa. Esta dinámica va a seguir presionando los precios al alza.
El consenso de expertos de EXPANSIÓN pronostica que la vivienda se encarecerá un 6% este año y los
alquileres, un 9%. La fórmula del Gobierno para afrontar esta situación pasa por impulsar las rentas
asequibles con ventajas fiscales y penalizar a otros agentes del mercado, como los pisos turísticos, los
compradores extranjeros y las Socimis. El plan también apuesta por aumentar el parque público de vivienda.
Sin embargo, buena parte de estas medidas pueden verse modificadas o, incluso, paralizadas, porque 5 de
las 12 iniciativas necesitan respaldo en el Congreso –incluyendo todas las fiscales y el plan de avales
públicos–. Y el Gobierno no tiene cerrados, por ahora, esos apoyos.